La Fiscalía investiga a Juan Carlos I al ver indicios de 4 delitos por sus cuentas opacas y sociedades ‘offshore’

El Ministerio Público ha emitido una nota aclaratoria en la que recuerda que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas en la actualidad tres diligencias de Investigación referidas a las finanzas del Rey emérito en relación a «indicios» sobre cuatro delitos y dice que el proceso de recabar información no se trata de «un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones» del fiscal.

En la solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita» y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

En esta comisión rogatoria, del pasado 24 de febrero, la Fiscalía pretende que la Oficina Federal de Justicia de Suiza le remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito.

Como ha informado OKDIARIO en exclusiva, desde esta fundación se habrían abonado gastos del Rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

Comunicado de la Fiscalía: «No estamos ante un dictamen»

«La Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de las referidas diligencias de Investigación ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones», comienza la nota.

El Ministerio Público recuerda que la solicitud «exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional».

Ello, prosigue la nota, implica que «no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación».

Destaca que «resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación». Y concluye destacando el «compromiso» de la Fiscalía para investigar con la «obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional».

El Ministerio Público se explaya así en un breve comunicado tras la publicación de una información en el diario El Mundo que señala que Juan Carlos I cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».

La defensa del Rey Juan Carlos I ha denunciado por su parte que las «graves afirmaciones e imputaciones» contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas y en las que se aprecian «indicios de criminalidad» contra el rey emérito se realizan «sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación». Denuncia también que con ello se vulnera la presunción de inocencia del monarca.

Investigaciones abiertas

La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014. El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo tres diligencias de investigación. La primera y principal, por el supuesto cobro de de unos 65 millones de euros por presuntas comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

La segunda, por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la última investigación, por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda, el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Tras ambas regularizaciones, en mayo se supo que Hacienda notificó al emérito la apertura en colaboración con la Fiscalía de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Juan Carlos I se completa con la demanda que Corinna Sayn-Wittgenstein ha presentado ante en Londres por la «vigilancia ilegal» y «hostigamiento» que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.